Authors
Abstract
For three decades, the University of Caldas, a national public university, has promoted compensatory policies to reduce the inequality gap in access, by offering special places to vulnerable populations. The analysis of the progressivity or regressivity of the policy emanating from the Academic Council on equity in access is the object of the research carried out. As a strategy, we used the case study of the application of Agreement 05 of 2017. For this purpose, 4,105 applicants for 20 in-person academic programs in the 2017-2 call were analyzed, of which 891 (21 %) were registered as special, because they belong to population groups recognized as particularly vulnerable. The number of admitted students belonging to special population groups was reduced with the compensatory policy, which expresses its regressivity. The most serious thing about this is the discrimination of special applicants who achieved a sufficient score to get into and were not admitted because the number of special places had already been filled. The results are analyzed in light of the social responsibility of the University and the enjoyment of its autonomy. The inclusion challenge for the state university system is discussed due to the meritocratic criteria with which it applies admission tests.
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