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Resumen
En Colombia la portación y uso de sustancias psicoactivas en el espacio público ha generado la articulación de dos coaliciones discursivas que han definido las propuestas de política pública durante dos procesos legislativos; por un lado, la coalición de seguridad y tratamiento, y por el otro, la de derechos humanos. Este artículo analiza los cambios en las narrativas de estas coaliciones discursivas conformadas en torno a la discusión sobre el artículo 49 constitucional, durante dos situaciones de acción legislativas, con el objetivo de impulsar políticas de drogas antagónicas en Colombia. La primera, entre 2007 y 2009, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, buscó prohibir el uso y portación de sustancias psicoactivas con fines lúdicos. La segunda, entre 2019 y 2023, promovida por un conjunto de legisladores de múltiples partidos, pretendió establecer una excepción para la cannabis. Para ello, se compara la evolución de las propuestas, los argumentos expresados a favor y en contra y los actores que las impulsaron durante ambas situaciones. Inicialmente, las posturas eran antagónicas: en la primera etapa la narrativa dominante construía a la persona usuaria como infractora y enferma, a la cual, incluso, se le puede restringir la libertad. En la segunda, se reconoció como titular de derechos, amparada por el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el análisis revela que, en ambos procesos, las coaliciones incorporan progresivamente elementos discursivos expresados por la contraparte para alcanzar las mayorías necesarias para su aprobación.
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