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Abstract
In Colombia, the ecological dimension of the 1991 Political Constitution results in mandates to the State and to the individuals, complemented with a vast environmental legislation, clear when defining priorities in the use of water, as well as the prevalence of a region inhabitants’ constitutional rights about the use of this vital resource for economic purposes. During the construction of a tunnel of one of the interbasin transfers which form a major electricity generation process in Caldas, several “unexpected” impacts took place which caused serious impacts in different superficial water bodies (22 streams affected) and violation of collective rights of the small town of Berlin in Samaná (Caldas) inhabitants. This article pretends to contribute to the necessary reflection that, from Environmental Law, must be done around the construction of hydroelectric megaprojects in Colombia by means of a description of damage caused, violated rights and the intervention of the competent environmental authority in the face of an emblematic case: The Manso river interbasin transfer to the Central Miel I reservoir.
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