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Resumen
El artículo aborda un análisis de los requisitos de procedibilidad consagrados en la Ley 734 de 2002, para tramitar la acción disciplinaria por el procedimiento especial verbal, con sustento básicamente en el principio de celeridad que debe estar impregnado en todas las actuaciones administrativas del Estado, y confronta los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, criticando la inconveniencia de una interpretación restrictiva que pone en peligro el principio constitucional precedentemente mencionado.
Palabras clave:
Citas
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Legislación
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Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-242 del 5 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo, Expediente D-7852.