VIOLENCIA, PAZ Y CONFLICTOS AMBIENTALES EN COLOMBIA: UNA MIRADA DESDE LA ECOLOGÍA POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

Jorge Mario Vera Rodríguez¹

Recibido el 20 de junio de 2016, aprobado el 5 de abril de 2017, actualizado el 28 de diciembre de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2018.46.21

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las tensiones que se generan en el marco de los conflictos ambientales en Colombia y sus relaciones con diversas tipologías de violencia y la búsqueda de la paz. Para ello en primer lugar se propone un marco conceptual para la interpretación de la relación entre conflicto, violencia y paz, desde las miradas de la ecología política y la sociología de la violencia; posteriormente se identifican las principales amenazas y retos a manera de conclusiones preliminares para la construcción de una paz sustentable desde los territorios.

PALABRAS CLAVE

Conflictos ambientales, ecología política, violencia, construcción de paz, conflicto armado en Colombia.

VIOLENCE, PEACE AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN COLOMBIA: AN OVERVIEW FROM POLITICAL ECOLOGY AND THE SOCIOLOGY OF VIOLENCE

ABSTRACT

This paper aims to characterize the tensions generated in the context of environmental conflicts in Colombia and their relations with various types of violence and the search for peace. To this end, a conceptual framework is proposed for the interpretation of the relationship between conflict, violence and peace from the perspective of political ecology and the sociology of violence. Subsequently, the main threats and challenges are identified as preliminary conclusions for the construction of a sustainable peace from the territories.

KEYWORDS

Environmental conflicts, political ecology, violence, peace building, armed conflict in Colombia.

Introducción

Colombia ha padecido más de 50 años de un conflicto armado que según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) ha dejado entre los años 1958 y 2012 un saldo de 218.094 muertos, así como 5.712.506 desplazados, 27.023 secuestrados y 25.007 personas desaparecidas entre 1985 y 2012, entre otras modalidades de victimización; así como serios impactos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

En la actualidad, luego de más de 50 años de guerra, se ha llegado a la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y se espera el inicio formal de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); sin embargo, aunque cada vez es mayor el consenso alrededor de la necesidad de una salida negociada al conflicto armado, son múltiples las inquietudes que surgen alrededor de la apertura real de un nuevo periodo histórico marcado por el fin de la guerra y el paso hacia una sociedad más justa, democrática y sustentable.

Una de las principales preocupaciones se refiere a la forma como el país viene profundizando el modelo de desarrollo hegemónico e intensificando la explotación intensiva del patrimonio natural nacional, soportado en estrategias como la denominada “Locomotora minero energética” propuesta por el presidente Santos y que impulsa el extractivismo de metales preciosos, carbón, esmeraldas, petróleo y gas; así como en el estímulo a modelos de agronegocios basados en monocultivos como la palma aceitera, los cuales se localizan en gran medida en territorios de valor ambiental, que además son habitados por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La creciente posibilidad de una salida política negociada al conflicto armado en Colombia que ha tenido como uno de los actores principales a la insurgencia, pone de relieve la necesidad de identificar cuáles son los principales factores generadores de conflictos sociales que quedan ausentes de las agendas de negociación, de manera que se prevea el abordaje de los mismos para evitar periodos de conflictividad cargados de violencia que aumenten el saldo de víctimas, pérdidas en vidas humanas y daños ambientales, propios de la guerra. Este trabajo aborda esta cuestión, en búsqueda de una lectura de los conflictos ambientales y los tipos de violencia asociados, vistos desde la ecología política y la sociología de la violencia; esbozando algunos de los retos principales en este campo, hacia la construcción de una paz sustentable desde los territorios.

¿Qué es el conflicto ambiental?

El término conflicto proviene del latín conflictus que significa choque y hace alusión a procesos sociales dinámicos en que se enfrentan dos o más actores que tienen intereses, objetivos o interpretaciones diferentes frente a una situación determinada (Walter, 2009). En este sentido el conflicto ambiental es una tipología de conflicto social, originado por las relaciones de poder en el marco de los procesos de apropiación-transformación de la naturaleza (Ángel, 2003) y que tiene lugar en el ámbito público, por lo que se excluyen las disputas del espacio privado y presuponen dinámicas colectivas en las que grupos de personas entran en oposición, controversia, disputa o confrontación (Walter, 2009), por aspectos relacionados con la valoración, degradación, propiedad o usufructo del patrimonio ambiental.

Los conflictos ambientales son conflictos territoriales, siendo el territorio el ámbito espacial configurado socio-históricamente, en el que un actor individual o colectivo, social, institucional o privado ejerce poder (Montañez y Delgado, 1998). Así, en los conflictos ambientales se enfrentan territorialidades, construidas a partir del ejercicio del poder sobre el territorio, entre actores que tienen intereses o valoraciones contrapuestas frente al uso o apropiación de los componentes del ambiente.

Desde la óptica de la economía ecológica los conflictos ambientales se originan en el creciente metabolismo social (Martínez Alier, 2011), particularmente de las sociedades económicamente más desarrolladas las cuales basan sus estándares de vida en elevados patrones de consumo de materiales y energía, produciendo a su vez gran cantidad de residuos y energía disipada, aspectos que en conjunto generan presión sobre los ecosistemas y las comunidades.

Estas lógicas tienen gran impacto en países sometidos a relaciones de dependencia respecto de los países del denominado primer mundo, presionados para intensificar la explotación de su riqueza natural para ser fuentes de materias primas, agua y recursos energéticos hacia las economías de los países económicamente más poderosos, y en no pocas ocasiones en sumideros de los desechos y externalidades negativas generados por éstos.

Todo ello redunda en la implementación de proyectos mineros, hidroenergéticos, de explotación de hidrocarburos, madera, agronegocios basados en monocultivos, entre otros a gran escala; los cuales son llevados a cabo por corporaciones trasnacionales o empresas de capital nacional, que implementan sus proyectos en territorios habitados por comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes cuyas cosmovisiones, formas productivas y dinámicas territoriales, altamente dependientes de los servicios ecosistémicos, son consideradas atrasadas desde la visión hegemónica del “desarrollo”, y por tanto menospreciadas (Pérez-Rincón, 2015).

La ecología política aborda los conflictos ambientales como conflictos ecológico distributivos (Martínez Alier, 2011), caracterizados por relaciones de poder tanto en los procesos de apropiación y usufructo material del ambiente, como en la apropiación simbólica del mismo, por lo que el choque se da entre lenguajes de valoración, de manera que los conflictos ambientales son mucho más que disputas por la propiedad de “recursos”, pues en el fondo se encuentran enfrentadas visiones del ambiente y en general de la vida.

De esta manera, desde posiciones hegemónicas o dominantes, se asumen visiones utilitaristas y mercantilistas del ambiente que reducen a “recursos naturales” transables económicamente los elementos del entorno que son base para el soporte material y simbólico de las comunidades, lo cual enfrenta dicha visión hegemónica a las cosmovisiones de las comunidades que construyen y habitan los territorios y que consideran dichos elementos como su patrimonio ambiental.

En este punto cabe resaltar que el patrimonio ambiental es un concepto más amplio que recoge todos los elementos naturales y culturales de un territorio, y no solo aquellos aprovechables con fines productivos; es decir, el ambiente es esa totalidad constituida por elementos ecológicos y culturales mutuamente influidos, es una totalidad indivisible de la cual se puede hacer abstracción en sus componentes para entenderlos, pero que exige un ejercicio de síntesis holística, sistémica y compleja.

Sobre la violencia

Galtung (2003b) entiende la violencia como “afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (p. 11). Por su parte Ramos (2015) entiende por violencia “aquellas acciones-respuestas que los sujetos practican y que implican malestares o insatisfacciones en los sistemas humanos, al provocar la violación o privación de la atención de sus necesidades” y agrega que “la violencia es una práctica condicionada por la relación de poder que se establezca y por las culturas y las redes sociales que se configuren” (163).

A su vez Galtung (1998 y 2003a) identifica tres tipos de violencia: la directa, que es la violencia manifiesta, física, o psicológica; la violencia estructural, la cual es intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades, los Estados y el mundo, y en este sentido puede interpretarse como la violencia que se hace norma y da espacio a la explotación del hombre y la naturaleza; y la violencia cultural, entendida como cualquier aspecto de una cultura (religioso, ideológico, cosmogónico, en general simbólico), base  de todas las demás formas de violencia, pues hace que éstas se conciban como cargadas de razón, no malas e incluso legítimas y por tanto empleadas para justificar las violencias directa o estructural (Galtung, 2003a). Las tres están íntimamente ligadas y aunque la violencia directa suele ser la más visible, a esta subyacen la estructural y la cultural como legitimadoras.

Por su parte Zizek (2009) identifica dos tipos de violencia a las que denomina  violencia objetiva y violencia subjetiva. La primera tiene a su vez dos subtipologías: violencia simbólica y violencia sistémica.  Para este autor, la violencia simbólica es aquella encarnada en el lenguaje y sus formas (similar a la violencia cultural propuesta por Galtung), mientras que la violencia sistémica es aquella inherente al status quo u orden establecido, expresada no solo como violencia física directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, sobre el hombre y la naturaleza, consustancial a las condiciones sociales del capitalismo global (similar a la violencia estructural propuesta por Galtung). La violencia subjetiva es la violencia de los agentes sociales, de los individuos malvados, de los aparatos disciplinados de represión o de las multitudes fanáticas (Zizek, 2009); equiparable a la tipología de violencia directa propuesta por Galtung.

En conjunto la violencia simbólica y la sistémica, similar a lo propuesto por Galtung para la violencia cultural y la estructural, dan un carácter de normalidad e incluso legitimidad al ejercicio de la violencia directa practicada por las élites hegemónicas o dominantes y sus agentes.

Para ejemplificar la forma como operan las relaciones entre las tipologías de violencia esbozadas y los conflictos ambientales, es clave observar, tal y como señala Leff (1994), la forma como el uso de conceptos del tipo capital natural, capital cultural y capital humano, propias de lo que denomina como “fase ecológica del capital”, constituyen formas legitimadoras de la mercantilización y explotación del hombre, la cultura, la naturaleza y en general de la vida. Así, “con esta operación simbólica se redefine a la biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y se recodifica a las comunidades del tercer mundo como un capital humano” (Leff, 1994, p. 6).

Estos procesos en su conjunto constituyen formas de violencia simbólica que soportan marcos normativos que dan legalidad y a su vez legitiman formas de violencia directa sobre las comunidades, los individuos, la naturaleza y en general sobre el ambiente, propias de estrategias de despojo del patrimonio ambiental colectivo.

¿Cómo entender la Paz?

Para entender la paz es necesario reconocer que el conflicto es consustancial a la sociedad, es decir, que es propio de los colectivos sociales la existencia de diferencias de objetivos, intereses, concepciones, capacidades, expectativas, valoraciones, etc., que causan disputas entre actores sociales; sin embargo, se requieren garantías para que dichas disputas sean gestionadas sin que ninguno de los actores considere legítimo recurrir a la violencia para imponer sus intereses.

Siendo así, el propósito no es eliminar o negar la existencia de conflictos, por el contrario, se buscan generar marcos sociales, simbólicos, normativos y políticos que permitan el ejercicio de la política como gestión de los conflictos mediante acuerdos vinculantes. Los conflictos no son buenos ni malos y en este sentido una sociedad en paz no es una sociedad sin conflictos, sino una sociedad que, ante las necesidades y posibilidades de cambio, asume transformaciones que brindan condiciones de posibilidad para el ejercicio de la libertad.

En este sentido, Galtung (2003a) define la paz como ausencia o reducción de todos los tipos de violencia y como transformación no violenta y creativa de los conflictos. Además, introduce dos nuevos conceptos: la paz negativa y la paz positiva. La negativa es la ausencia de violencia directa; es por ejemplo la ausencia de guerra. La positiva es la ausencia de las violencias estructural y cultural; es por ejemplo la justicia social.

Sin embargo, para Muñoz (2004), la paz positiva ha sido entendida en muchas ocasiones como una utopía que desea y busca mundos mejores; en este sentido, podría ser identificada con una pretendida paz total o perfecta en donde no habría violencia y probablemente tampoco conflictos manifiestos, lo cual la hace poco realista, frustrante y puede llegar a justificar el uso de la violencia para alcanzar estructuras sociales más justas. En contraposición, el autor propone el concepto de paz imperfecta, que rompe con las definiciones en las que la paz aparece como algo infalible, terminado, lejano, no alcanzable en lo inmediato, y la ubica anclada en unas realidades humanas dinámicas, sujetas permanentemente a cambios y conflictos, lo cual ayuda a entender la paz como un proceso y un camino inacabado (Muñoz, 2004).

Finalmente, en consonancia con la conceptualización planteada respecto a los tipos de violencia, para la construcción de paz se requiere de la identificación y superación de las formas de violencia simbólica o cultural y estructural que generan y legitiman la violencia directa contra las poblaciones y los ecosistemas, para de esta manera brindar garantías de justicia social y ambiental que permitan a las comunidades la satisfacción de sus demandas territoriales históricas en los campos económico, político, social, cultural y ambiental.

Factores generadores de conflictos ambientales y la guerra en Colombia

Según el Atlas de Justicia Ambiental Global (Ejolt, 2016) Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de conflictos ambientales, con 117 casos reportados, siendo superado solamente por India con 223 casos. Esta síntesis es significativa para dimensionar la alta conflictividad relacionada con temas ambientales existentes en el país; que tienen como uno de sus principales factores subyacentes, la visión imperante según la cual el “desarrollo” se debe apalancar sobre el crecimiento económico, para lo cual es fundamental la explotación de la riqueza natural del país (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

Este imaginario constituye una expresión manifiesta de violencia cultural, ya que ligado a este enfoque de “desarrollo” se asume que las cosmovisiones, formas productivas y modos de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que construyen y habitan los territorios son atrasadas y opuestas al desarrollo. Esta actitud de superioridad considera legítima la transformación de las dinámicas territoriales existentes para la inserción de formas productivas y en general de configuraciones territoriales consideradas modernas; ligado a ello se considera que toda resistencia frente a la imposición de la visión hegemónica de “desarrollo” es atrasada, enemigas u opuestas al “desarrollo”; por lo tanto inconveniente e indeseable, con lo que se legitima la estigmatización y el uso de la fuerza como forma de violencia directa para someterlas.

Como consecuencia se vienen generado marcos normativos como el Código de minas (Congreso de la República de Colombia, 2001) y el concepto 15766 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2005),  que brindan ventajas tributarias y fiscales, a la vez que flexibilizan las exigencias de garantías laborales y ambientales, de manera que la inversión extranjera tiene grandes oportunidades de obtener ganancias extraordinarias. En este sentido, la violencia estructural se hace manifiesta en tanto promueve la desigualdad, la expropiación y el desplazamiento de las comunidades de sus territorios, agudizando la concentración de la riqueza y en particular la concentración y extranjerización de la tierra.

Resultado de esta articulación de factores se vienen generando o exacerbando gran cantidad de conflictos territoriales asociados no solamente a la disputa por la propiedad de la riqueza natural, sino además por la entrada de actores tales como los grandes consorcios mineros, forestales, petroleros o agroindustriales, quienes en ejercicio de su territorialidad y con la anuencia del gobierno nacional, trastocan, vulneran, truncan o destruyen las territorialidades propias de los actores locales y afectan significativamente en ecosistemas vulnerables.

De este modo, las actuaciones de autoridades ambientales como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) han generado gran controversia en casos recientes como los desvíos de los Arroyos Bruno en La Guajira (Mejía, 2015) y San Antonio en César (Morales, 2016), la explotación de oro a cielo abierto en San Roque departamento de Antioquia (Árias, 2015),  la exploración petrolera en La Sierra de La Macarena, cerca de Caño Cristales (Redacción Medioambiente, 2016a), o la sinergia entre actores institucionales y empresariales que ha sido clave en el caso de la degradación ambiental de La Ciénaga Grande de La Magdalena (Rodríguez, 2016).

Estos no son hechos aislados, pues como lo evidencia Rueda (2011) en entrevista a Manuel Rodríguez Becerra, en el país durante los últimos años, funcionarios de alto rango del gobierno nacional han ocupado cargos trascendentales para la aprobación de títulos mineros, la modificación de marcos normativos ambientales y sectoriales, y/o han tenido acceso a información privilegiada, que ha permitido que las empresas del sector jueguen con ventaja para apropiarse de los derechos de exploración o explotación del subsuelo de mayor potencial minero; esos funcionarios ahora trabajan para las empresas que beneficiaron con sus actuaciones. A este proceso se le denominó “la puerta giratoria” o “carrusel de la minería” y aunque no constituye un delito, si evidencia la forma como la institucionalidad existente se encuentra en crisis por la cooptación por parte de las empresas (Redacción Medioambiente, 2016b), que buscan condiciones ventajosas para apropiarse de la riqueza natural del país al menor costo, incluso a base de prácticas corruptas y constituyendo formas de violencia estructural, situación que tiene al país al borde de una crisis por la reclamaciones de indemnización que hacen las grandes empresas a las que ha sido necesario cancelar los derechos mineros otorgados (Pardo, 2016).

Otro aspecto tiene que ver con los costos económicos y ambientales de la guerra, en este sentido Machlis y Hanson (2009) señalan que los conflictos armados a nivel mundial son responsables de un 6% del consumo total de materias primas y generan hasta un 10% del total de las emisiones de dióxido de carbono al año a nivel global, por lo que la guerra tiene asociados grandes costos ambientales. En Colombia esta realidad se evidencia en los impactos de las acciones de sabotaje económico a través de la voladura de oleoductos y los derrames de petróleo que desencadenan, así como en las economías ilícitas ligadas a las estrategias de financiación de los actores armados mediante la minería criminal y la implantación de cultivos de uso ilícito, los cuales causan afectaciones significativas por la deforestación y contaminación de fuentes hídricas, que en el caso de los cultivos de uso ilícito es agravada debido a la errónea política de lucha gubernamental contra los cultivos de coca y amapola, basados en la fumigación por aspersión aérea con glifosato, entre otros. En este sentido, algunos estudios han estimado los costos ambientales del conflicto armado en Colombia en alrededor de $7,1 billones al año (Departamento Nacional De Planeación, 2016), con lo que una de las expectativas frente a la firma de acuerdos de paz con la insurgencia tiene que ver con las posibilidades de aumento del PIB gracias a los costos ambientales evitados.

Pero la guerra no solo ha traído consecuencias ambientales negativas, ya que la presencia de grupos guerrilleros ha impedido la llegada de proyectos de “desarrollo”, lo que ha permitido la conservación de muchos ecosistemas. Sin embargo, en la actualidad estos territorios han sido titulados o están solicitados para actividades extractivas con lo que, paradójicamente, la firma de acuerdos de paz con la insurgencia podría representar una amenaza contra la riqueza ambiental del país. Frente a este aspecto autores como Molano (2016) hablan de la paz como estrategia de despojo, debido a que la firma de los acuerdos permitiría el ingreso del gran capital con proyectos a territorios que hasta ahora le habían sido vedados.

Los retos ambientales frente a la paz y el conflicto en Colombia

Ya se han firmado los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y próximamente se dará inicio formal a la mesa de conversación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con lo cual se avanza significativamente hacia la finalización de un conflicto armado de más de 50 años. El propósito de la negociación es frenar la guerra como expresión de la violencia directa; sin embargo, hay otras formas de violencia que no tienen el mismo protagonismo, ni el mismo cubrimiento de los medios de comunicación y los imaginarios colectivos porque están subordinadas o invisibilizadas por esas formas mucho más evidentes.

En este sentido se ha señalado la ausencia histórica de temas estructurales en las agendas de negociación y los acuerdos pactados con las insurgencias; los casos de las FARC-EP y el ELN no son la excepción (Gobierno Nacional de la República de Colombia & Ejército de Liberación Nacional, 2016; Presidencia de la República, 2017). ¿Por qué? Porque como principio básico se asume que en las mesas de negociación se pacta lo que la correlación de fuerzas en el campo de batalla permite; dicho en otros términos, el gobierno no reconoce en la insurgencia la fuerza suficiente como para tener que discutir aspectos estructurales tales como:

Perspectiva hegemónica de “desarrollo”:

Equipara este a crecimiento económico, aspecto evidenciado en los diversos Planes Nacionales de “desarrollo”, y en particular el vigente para el periodo 2014-2018, en que el denominado “Crecimiento verde” tiene la misma connotación, ahora matizada por los requerimientos para el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y “desarrollo” Económico (OCDE), (Departamento Nacional De Planeación, 2014). Sin embargo, de los más de 700 billones de pesos que están proyectados para invertirse durante la vigencia del plan tan solo el 1,4% está destinado al tema ambiental (Congreso de la República de Colombia, 2015), lo cual indica que los aspectos propuestos en este tema no pasan de ser más que un discurso accesorio, ya que no hay una voluntad cierta de implementación. La meta sigue centrada en el crecimiento del PIB, apalancada en la explotación intensiva y extensiva de la riqueza natural del país, cuya eficacia es cuestionada por precarios niveles en indicadores de bienestar, ingreso real, concentración de la tierra, entre otros. Esta concepción de “desarrollo” se asume desde una perspectiva de superioridad frente a modelos productivos y territoriales tradicionales propios de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, las cuales son consideradas atrasadas, premodernas y obstáculos al “desarrollo”. Desde esta perspectiva se desconocen y violentan derechos colectivos de estas comunidades y se imponen formas productivas y territoriales generando o exacerbando grandes conflictos.

Estructura de la propiedad:

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, en donde la riqueza se acumula en muy pocas manos, tal y como lo indica el coeficiente de Gini, que alcanza un valor de 53.5, el segundo más alto de América Latina superado solamente por Honduras, siendo esta a su vez la región más desigual de todo el mundo (Banco Mundial, 2015).

El extractivismo minero-energético como estrategia de “desarrollo”:

La locomotora minero-energética, la inversión intensiva y extensiva en infraestructura y los agronegocios basados en el monocultivo latifundista siguen como “motores de crecimiento” a pesar de las significativas tensiones territoriales generadas por sus impactos ambientales. En este sentido según el Catastro Minero Colombiano, a  31 de diciembre del 2014 habían aprobados en el país 9464 títulos mineros que abarcan más de 5´600.000 hectáreas y más de 15´800.000 hectáreas están en solicitudes vigentes (Vera, 2015); muchos de ellos están en subsuelo de Parques Nacionales Naturales, paramos, ciénagas, territorios de comunidades indígenas, reservas naturales, territorios de comunidades afrodescendientes, áreas actualmente dedicadas a la producción agrícola y pecuaria, entre otras.

La privatización y precarización de los derechos sociales:

Se continúa con el modelo de negocio privado alrededor de los derechos ahora convertidos en servicios de salud, educación y seguridad social, entre otros, lo cual hasta ahora ha generado la exclusión y precarización del bienestar de amplias capas de la población más vulnerable.

En su conjunto, los aspectos mencionados constituyen formas de violencia cultural o simbólica y violencia estructural, que alimentan y legitiman ciclos recurrentes de violencia directa contra las comunidades, orientadas a viabilizar dinámicas de despojo y explotación del hombre y los ecosistemas propios de lo que Harvey (2005) denomina "acumulación por desposesión" y que consiste en la mercantilización y privatización de los bienes comunes convirtiéndolos en derechos de propiedad exclusivos, la expulsión forzosa de las poblaciones tradicionales, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas, entre otros.

Estos asuntos no están en ninguna de las versiones de los acuerdos firmados con las FARC-EP (Presidencia de la República, 2017), ni explícitos en la agenda de negociación con el ELN (Gobierno Nacional de la República de Colombia & Ejército de Liberación Nacional, 2016), lo cual conlleva a que sean unos de los grandes retos en el posacuerdo, que deben ser resueltos si en realidad se quiere una paz duradera. El reto le corresponde al movimiento social y el gobierno debe ser garante de las condiciones para que las organizaciones políticas y sociales puedan gestionar sus demandas democráticamente en estos y otros aspectos.

Finalmente, es necesario resaltar que el país necesita de una pedagogía para la paz que no se limite a la divulgación de los contenidos de los acuerdos de paz firmados con la insurgencia, sino que se oriente a la formación de ciudadanos con valores y principios que permitan la superación de visiones utilitaristas frente al ambiente y la sociedad, el respeto por la diferencia, la valoración ética y el respeto por todas las formas de vida, a la dignidad humana y el derecho de las comunidades a decidir soberanamente sobre sus proyectos de vida. Estos constituyen aspectos estratégicos para la construcción de una paz sustentable.

A manera de conclusión

El problema del conflicto armado en Colombia no se resuelve simplemente con la firma de acuerdos políticos del gobierno nacional con los actores armados insurgentes, dado que la violencia política en el país tiene causas subyacentes que encarnan formas de violencia cultural, estructural y directa, las cuales necesariamente deben ser abordadas en su complejidad.

Así, entender la complejidad de los conflictos ambientales y su ligazón con el conflicto armado en Colombia, desde una lectura de los tipos de violencia subyacente o manifiesto, es clave para identificar los retos del posacuerdo en términos de la superación de sus factores generadores. El significado de esta premisa radica en la necesidad de desentrañar las relaciones entre la violencia simbólica implícita en la visión hegemónica del “desarrollo” imperante en el país, así como la violencia estructural que encarnan muchos de los marcos normativos y las estructuras de propiedad de la tierra y la riqueza, que legitiman y reproducen formas de violencia directa propias del despojo y la explotación del ambiente.

En este sentido es necesario considerar el avance hacia el reconocimiento de los “derechos de la naturaleza” que se inscribe en el proceso mismo de evolución del concepto de derechos y de una concepción de transformación de los conflictos ambientales. Este cambio de paradigma implica, a la vez, la crítica a la visión utilitarista y economicista que plantea el modelo de “desarrollo” económico por sobre cualquier otro tipo de consideración y replantear el problema de la jerarquía de derechos, ya que no existiría una diferencia entre aquellos que son propios del hombre y aquellos que son propios de la naturaleza. El desafío no debe limitarse a la declaración de estos o a la creación de normas, requiere además la generación de políticas y acciones de reconocimiento que permitan que ellos puedan ser garantizados. En este enfoque, la naturaleza entra como víctima del conflicto y factor para la construcción de paz.

Estos aspectos representan grandes retos para los actores sociales de cara a construir una paz sustentable desde los territorios, lo cual demanda transformaciones profundas en el campo político, social, económico, cultural y ambiental, para desactivar las formas de violencia asociados a los conflictos sociales y en particular los conflictos ambientales que han marcado la vida nacional durante más de cinco décadas, y que presentan una clara tendencia a su ampliación y exacerbación durante los años venideros.

Agradecimientos

El autor expresa sus agradecimientos a Marcela Flórez Espinosa y Jairo Andrés Velásquez Sarria, integrantes del colectivo docente de la Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” de la Universidad del Tolima; así como a Stephanie Andrade Porras y Gustavo Quiroga por la revisión del texto original y sus valiosos aportes y comentarios.

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1.       Magister y Doctorando en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas. Integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios Sobre el Territorio “Yuma-IMA”, Coordinador de Gestión y Educación Ambiental e integrante del colectivo docente de la Cátedra Ambiental Universitaria “Gonzalo Palomino Ortiz” de la Universidad del Tolima, Colombia. jmverar@ut.edu.co. ORCID: 0000-0001-5411-4140

Para citar este artículo: Vera, J. M. (2016). Violencia, paz y conflictos ambientales en Colombia: una mirada desde la ecología política y la sociología de la violencia. Revista Luna Azul, 46, 82-101. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=290. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.21. 

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